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Una sentencia de la Audiencia de Murcia confirma que medicamentos, comedor y el material escolar son gastos ordinarios

Los gastos correspondientes a la compra de libros y material escolar son ordinarios, por lo que el progenitor que tiene la custodia de los hijos no puede exigir al otro el pago de la mitad de su importe, según se recoge en una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia.

La sentencia desestima así el recurso presentado por una mujer contra la resolución de un Juzgado de Primera Instancia que declaró extraordinarios los gastos médicos u odontológicos de reconstrucción de piezas dentales y los de óptica de la hija de un matrimonio

Esa sentencia, ahora confirmada por la Audiencia Provincial, rechazó su reclamación de que le fuera abonada también por su excónyuge la mitad de los gastos de libros y material escolar.

La sentencia recuerda la jurisprudencia de este tribunal, según la cual, "son gastos ordinarios los uniformes, libros escolares, matricula, comedor escolar y gastos médico y de farmacia habituales, debiéndose considerar las excursiones escolares, gafas y dentista como extraordinarios si tienen una entidad económica importante y se adopta de mutuo acuerdo".

Y añade que "el único de los gastos discutido en este pleito que podría considerarse extraordinario es el de las clases de apoyo, pero para que se pudiera incluir entre aquellos a los que tiene que contribuir el padre sería preciso que hubiera habido acuerdo de los progenitores o aprobación judicial, requisito que no concurre en el presente caso".

Fuente: La Opinión de Murcia http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2016/05/24/audiencia-dice-gastos-libros-material/739588.html

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 Anulación de la ley Valenciana de Custodia Compartida, Informativo Territorial 

https://www.youtube.com/watch?v=_neB0havXUE&t=9s

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 FormatFactory2011 03 24 pleno Corts Valencianes 2

Entre 2007 y 2012, les Corts Valencianes aprobaron tres leyes civiles; la ley de régimen económico matrimonial (2007), la ley de custodia compartida de los hijos en caso de cese de convivencia (2011) y la ley de uniones de hecho (2012) con las que, aprovechando la reforma del Estatut del año 2006 se recuperaba la competencia legislativa de la Generalitat en estas materias, aunque lamentablemente todas fueron recurridas por Gobiernos centrales de diferente color político ante el Constitucional.

El próximo mes de Abril, se cumplirá un año de la publicación de una sentencia del Constitucional, la STC 82/2016 que marcó un antes y un después en la vida de los valencianos y valencianas. Una sentencia que nos dejó como una Comunidad sin derecho a desarrollar la competencia estatutaria en materia civil, al estimar que invadía competencias estatales y que, pese al fundado voto particular de un magistrado, anuló la primera de nuestras leyes civiles, la Ley de régimen económico matrimonial.

Una a una, el Constitucional tumbó todas estas leyes durante el año pasado y nos hizo ver a muchos de nosotros que la reforma del Estatut se había convertido en papel mojado y que seguíamos siendo una autonomía de segunda categoría. 

La mayoría de los valencianos no fue consciente de lo que ésto significó para nuestro pueblo; desde entonces cada vez que las parejas se casan, pasan obligatoriamente por notaria "caja" si quieren casarse, como fue habitual durante casi 8 años, en régimen de separación de bienes; además al anular la ley de parejas de hecho, discriminan a miles de parejas que usan esta fórmula actual de unión sentimental, derechos como el de uso de la vivienda habitual caso de fallecimiento porque no existe una ley estatal que contemple este tipo de casuística; y por último, al anular la ley valenciana de custodia compartida han dejado en la mayoría de los casos a muchos niños y niñas huérfanos de padres o abuelos vivos, pues con la ruptura de sus padres se vuelve al derecho castellano, aquel que entiende que uno de los progenitores por el hecho de su género tiene más derecho que otro a la crianza de la prole porque tampoco existe una ley de custodia compartida estatal, pese a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Por todo ello, y al ser consciente de lo que había ocurrido, la sociedad civil valenciana se movilizó y promovidos por la Associació de Juristes Valencians, se unió para reclamar el derecho civil valenciano con una moción que ya ha sido respaldada por más de 170 Ayuntamientos que representan a más de 4 millones de valencianos y valencianas.

Pero ahora es tiempo de dar otro paso adelante, tiempo de respuestas, tiempo de que las fuerzas políticas de la Cortes Valencianas promuevan la reforma de la Constitución para garantizar lo que dice nuestro Estatuto no recurrido por nadie, que los valencianos igual que otros muchos pueblos de España tenemos un derecho civil cercano con soluciones actuales a nuestros problemas.

Queremos una respuesta en breve, llevamos un año esperando pero nuestra paciencia no es infinita y nuestros hijos e hijas tampoco pueden esperar porque no tienen botón de pausa ni rebobinado. Los 99 diputados valencianos deben escuchar a su pueblo y recuperar de manera inmediata una a una todas nuestras leyes, que tanto esfuerzo y sacrificio costó que vieran la luz. Queremos recuperar la ley de régimen económico matrimonial que de forma "gratuita" al casarnos aplique la separación de bienes porque estamos en el siglo XXI; queremos recuperar la ley de parejas de hecho que nos iguala en derechos y deberes a las parejas casadas porque estamos en el siglo XXI y queremos recuperar la ley de custodia compartida valenciana que ha sido un modelo a nivel estatal de igualdad y de buen hacer, y que había hecho que disminuyera la litigiosidad en las separaciones y divorcios porque estamos en el siglo XXI y porque nuestros niños y niñas se educan en igualdad y así debemos criarlos a ellos para dar el mejor ejemplo. Y por último, queremos tener derecho a legislar en civil porque las siguientes generaciones se enfrentarán a nuevos retos a los que será necesario responder elaborando leyes civiles, leyes que les afectarán directamente en su vida diaria y cotidiana y si no se reforma la Constitución seremos responsables directos esta generación, y sobre todo ustedes las 99 diputadas y diputados, por no haberlo conseguido.

Valoramos las iniciativas a nivel nacional del Partido Popular y Ciudadanos para promover una ley de custodia compartida, pero como valencianas y valencianos que somos les exigimos que apoyen una inmediata reforma constitucional en pos de la competencia valenciana en derecho civil, como define nuestro Estatuto; queremos la reforma YA, porque no podemos ser menos que gallegos, catalanes, aragoneses, navarros, mallorquines o vascos.

Por los derechos civiles de nuestros hijos, por un futuro mejor, por una Comunidad de primera, REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN YA!.

Pilar Marco es presidente de UEFACC (Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones para la Custodia Compartida) y CUSTODIA COMPARTIDA YA! Asociación de padres y madres separados.

Fuente: http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/03/27/58d8a666ca4741dd3f8b45fb.html

 

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2013 09 22 154

En las rupturas matrimoniales de mutuo acuerdo, los cónyuges deben suscribir un convenio regulador de los efectos de su divorcio. Si la pareja tiene hijos menores, en el convenio ha de constar la contribución por alimentos a los hijos a cargo del padre o la madre al que no se le haya atribuido su guarda y custodia. Sin embargo, la previsión legal de alimentos suele omitirse -por innecesaria- en los supuestos de custodia compartida. Dicha ausencia es lógica y se justifica con el argumento de que cada progenitor alimenta a los menores durante los períodos que corresponden a su custodia. Pero esa prestación alimenticia silenciada en el convenio debe interpretarse de forma estricta. En estos casos la expresión «alimentos» es un sinónimo de «sustento» o «manutención», y no excluye los demás conceptos relacionados en el artículo 142 del Código Civil (como el «vestido», la «asistencia médica» o la «educación» del menor). Esta precisión comporta algunas consecuencias fiscales que no carecen de interés.

Una pareja pactó la custodia común de sus dos hijos menores y, en línea con lo que he dicho antes, omitió en el convenio la obligación de pago de alimentos, entendidos exclusivamente como «mantenimiento» de los niños. Pero, en este caso de forma explícita, los cónyuges también acordaron abrir una cuenta bancaria a nombre de los dos e ingresar cada uno, mensualmente, la cantidad de 350 euros. Con dicho importe los padres atenderían los gastos de sus hijos, hasta su independencia económica, por los siguientes capítulos (a título simplemente enunciativo y no exhaustivo): «dentistas, ortopedia, óptica, campamentos, clases de inglés y actividades extraescolares deportivas».

Ignoro lo que hizo la madre en su declaración del IRPF. Pero consta documentada la actuación del padre. Partiendo del artículo 75 de la Ley del Impuesto, aplicó por separado la escala de gravamen y liquidó de manera independiente (como alimentos) por un lado la mitad de los gastos cargados en la cuenta bancaria y, por otro lado, el resto de la base liquidable general. De esta forma limitó los efectos de la progresividad del IRPF y obtuvo el pertinente ahorro fiscal.

Sin embargo, la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Madrid no aceptaron la interpretación legal del padre. La cuestión se zanjó provisionalmente con una liquidación complementaria que fue recurrida en la vía contencioso-administrativa por el contribuyente. Por ahora, y al margen de lo que pueda decir el Tribunal Supremo, va ganando el padre. El TSJ de Madrid (Sentencia de 30 de enero de 2017) avala su proceder y niega, como alega el TEAR, que los ingresos en la cuenta bancaria respondan a un supuesto animus donandi de los progenitores.

Fuente: EL MUNDO http://www.elmundo.es/economia/2017/03/05/58b9633b46163f9f6a8b4651.html